por Dr. Juan Diego Ortiz
Todos los ciudadanos de este país hemos sido testigos de que el PRI ha pretendido regresar a la presidencia de la república fomentando la cultura de la ilegalidad, cultura que forma parte de su profunda identidad partidista y de su hacer político. Y no podía ser de otra manera, ya que históricamente ese fue su proceder en el ejercio del poder presidencial y es la conducta con la que actualmente gobierna entidades, municipios y actúa en los congresos. Los priístas saben que esa es su naturaleza y que no tienen alternativa para hacer política, por ello, decidieron deliberadamente disputar la presidencia recurriendo a prácticas ilegales violando la propia ley electoral e incluso los preceptos constitucionales, sabedores que sólo así podían tener posibilidades de ganar.
El problema mayúsculo es que han sabido negociar esa cultura de la ilegalidad con otros sectores de poder, léase, otros partidos, particularmente el PAN, ya que ese partido está dispuesto a avalar el supuesto triunfo de Peña Nieto. Pero también la iniciativa privada, los medios de comunicación, las empresas encuestadora, así como IFE y el tribunal electoral forman parte de esa red de corrupción e impunidad que pretende imponer el regreso de lo más prehistórico de la política. Esa cultura de la ilegalidad siempre ha sido parte constitutiva del poder político en México, sin embargo, ha impregnado ya otras esferas de la sociedad, incluyendo el propio tejido social.
No está de más reconocer que esa es la crisis de las crisis que padecemos en México; en el fondo nuestra democracia no sigue siendo más que una democracia formal donde se oculta un complejo entramado de vicios, complicidades, abusos, deslealtades, traiciones y todo tipo de actos que vulneran nuestra viabilidad como nación y acrecientan el poder de los grupos que dominan las estructuras de decisión de este país. No cabe duda que el regreso del PRI a la presidencia representa un retroceso en las aspiraciones por recuperar nuestra patria; con el PRI tendremos más de lo mismo afectando a nuevas generaciones, las cuales crecerán en una cultura rancia que se nos tratará de imponer como rasgo de identidad de la sociedad.
Siguiendo la lógica de complicidades, está claro que el IFE, el tribunal electoral y la televisión mexicana declararán presidente a Peña Nieto, esto ante el asombro de millones de mexicanos que nos encontramos ante la indefensión jurídica, razón por demás para validar la acción política y social como alternativa para rechazar otro atraco electoral como sucedió en 2006 con Felipe Calderón. A los ciudadanos no nos queda otro recurso que la movilización y la protesta callejera y en las redes sociales, no hay otra opción, ya que estamos viendo como todos los recursos jurídicos interpuestos para invalidar la elección están siendo rechazados uno por uno con una gran desvergüenza por parte de las instituciones electorales.
Todos sabemos que la corrupción, la impunidad y la violencia sostuvieron al PRI por más de 70 años en el poder, y con esos mismos recursos han pretendido llegar a la presidencia de la República. Por tanto, si México aspira a ser un país sustentable que garantice su viabilidad para las siguientes generaciones, entonces es un imperativo no permitir la imposición. Somos millones los que estamos dispuestos a ello, seamos creativos, incluyentes y tenaces en esta lucha.
Juan Diego Ortiz es maestro en Filosofía y Doctor en Cooperación e Intervención Social por la Universidad de Oviedo, España. Profesor universitario e investigador académico. Autor del libro La opción por los pobres en la era de la globalización y coautor de Ética y política, ruptura o afinidad en un pas convulso. Egresado de la cátedra nacional sobre cultura política.
Todos los ciudadanos de este país hemos sido testigos de que el PRI ha pretendido regresar a la presidencia de la república fomentando la cultura de la ilegalidad, cultura que forma parte de su profunda identidad partidista y de su hacer político. Y no podía ser de otra manera, ya que históricamente ese fue su proceder en el ejercio del poder presidencial y es la conducta con la que actualmente gobierna entidades, municipios y actúa en los congresos. Los priístas saben que esa es su naturaleza y que no tienen alternativa para hacer política, por ello, decidieron deliberadamente disputar la presidencia recurriendo a prácticas ilegales violando la propia ley electoral e incluso los preceptos constitucionales, sabedores que sólo así podían tener posibilidades de ganar.
El problema mayúsculo es que han sabido negociar esa cultura de la ilegalidad con otros sectores de poder, léase, otros partidos, particularmente el PAN, ya que ese partido está dispuesto a avalar el supuesto triunfo de Peña Nieto. Pero también la iniciativa privada, los medios de comunicación, las empresas encuestadora, así como IFE y el tribunal electoral forman parte de esa red de corrupción e impunidad que pretende imponer el regreso de lo más prehistórico de la política. Esa cultura de la ilegalidad siempre ha sido parte constitutiva del poder político en México, sin embargo, ha impregnado ya otras esferas de la sociedad, incluyendo el propio tejido social.
No está de más reconocer que esa es la crisis de las crisis que padecemos en México; en el fondo nuestra democracia no sigue siendo más que una democracia formal donde se oculta un complejo entramado de vicios, complicidades, abusos, deslealtades, traiciones y todo tipo de actos que vulneran nuestra viabilidad como nación y acrecientan el poder de los grupos que dominan las estructuras de decisión de este país. No cabe duda que el regreso del PRI a la presidencia representa un retroceso en las aspiraciones por recuperar nuestra patria; con el PRI tendremos más de lo mismo afectando a nuevas generaciones, las cuales crecerán en una cultura rancia que se nos tratará de imponer como rasgo de identidad de la sociedad.
Siguiendo la lógica de complicidades, está claro que el IFE, el tribunal electoral y la televisión mexicana declararán presidente a Peña Nieto, esto ante el asombro de millones de mexicanos que nos encontramos ante la indefensión jurídica, razón por demás para validar la acción política y social como alternativa para rechazar otro atraco electoral como sucedió en 2006 con Felipe Calderón. A los ciudadanos no nos queda otro recurso que la movilización y la protesta callejera y en las redes sociales, no hay otra opción, ya que estamos viendo como todos los recursos jurídicos interpuestos para invalidar la elección están siendo rechazados uno por uno con una gran desvergüenza por parte de las instituciones electorales.
Todos sabemos que la corrupción, la impunidad y la violencia sostuvieron al PRI por más de 70 años en el poder, y con esos mismos recursos han pretendido llegar a la presidencia de la República. Por tanto, si México aspira a ser un país sustentable que garantice su viabilidad para las siguientes generaciones, entonces es un imperativo no permitir la imposición. Somos millones los que estamos dispuestos a ello, seamos creativos, incluyentes y tenaces en esta lucha.
Juan Diego Ortiz es maestro en Filosofía y Doctor en Cooperación e Intervención Social por la Universidad de Oviedo, España. Profesor universitario e investigador académico. Autor del libro La opción por los pobres en la era de la globalización y coautor de Ética y política, ruptura o afinidad en un pas convulso. Egresado de la cátedra nacional sobre cultura política.
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